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El pasado 18 de enero la Oficina para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados de las Naciones Unidas publicó un estudio que analiza de manera integral los desafíos, oportunidades y éxitos en el cumplimiento de su mandato desde su creación en 1996. El estudio presenta la evolución este mandato desde su inicio con la adopción de la Resolución 51/77 por parte de la Asamblea General en 1996. Para su elaboración, se han realizado amplias consultas con Estados miembros, entidades de la ONU y organizaciones de la sociedad civil a lo largo de 2021 para apoyar e infundir el desarrollo del estudio. Por su parte, Virginia Gamba, Representante Especial del Secretario General para para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, subrayó que esta entidad ha “recorrido un largo camino desde el establecimiento del mandato para la cuestión de los niños y los conflictos armados hace 25 años. Comprender cómo ha evolucionado el mandato y cómo se ha implementado a lo largo de los años puede ayudar a la comunidad internacional a prepararse mejor para los próximos 25 años, al tiempo que brinda la oportunidad de renovar nuestro compromiso con la protección de la infancia frente a los...
El pasado 2 de diciembre, la Youth Justice Board, entidad responsable de supervisar el sistema de justicia juvenil en Inglaterra y Gales, publicó una serie de materiales cuyo objetivo es comprender cómo afecta la disparidad racial a niños, niñas y jóvenes tanto en los primeros años de desarrollo como en el sistema de justicia juvenil. Estos materiales, actualizados hasta 2020, reúnen una amplia gama de datos verificados para arrojar luz sobre estas disparidades que afectan a niños, niñas y jóvenes en terrenos como la salud, la educación, y la interacción con la policía, haciendo especial hincapié en el sistema de justicia juvenil. Los materiales incluyen una infografía de tres páginas que resume alguno de los principales hallazgos sobre esta temática, una presentación con una grabación de audio del embajador de la juventud de la YJB, una versión accesible de la presentación y un blog de Keith Fraser, presidente de la Youth Justice Board.
El pasado mes de octubre, el proyecto LA Child publicó una guía con directrices para la asistencia legal a niñas y niños en conflicto con la ley. La guía ofrece una serie de recomendaciones y buenas prácticas destinadas a apoyar la acción del conjunto de profesionales que tienen un impacto en la asistencia jurídica para este colectivo de jóvenes en toda la Unión Europea. En palabras de Benoît Van Keirsbilck, miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y director de Défense des Enfants International Belgique, esta guía “demuestra suficientemente que una persona no puede improvisar la labor de ‘abogado de menores’ y que esta función es ciertamente mucho más compleja que muchos otros servicios que brindan los abogados”.
Distintas organizaciones de la sociedad civil continúan trabajando en la recolección de información destinada a conocer las acciones que se están implementado por los sistemas de justicia juvenil en América Latina en el contexto de la pandemia por la COVID-19. Esto se realiza a través de dos tipos de cuestionario adaptados al momento actual: uno dirigido a los directores de centros de privación de libertad y otro a las autoridades operadoras en los sistemas de justicia juvenil de las distintas jurisdicciones. Las entidades que han impulsado esta iniciativa son el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD); Northwestern School of Law; Defensa de Niñas y Niños Internacional - Región Américas (DNI-Américas); Justicia Juvenil Internacional; y Fair Trials. A través de este proyecto, las citadas organizaciones buscan tener la oportunidad de compartir buenas prácticas a nivel tanto regional como nacional en este ámbito, sistematizando la información adquirida con estos cuestionarios por países y publicándola a través del Registro de Prácticas Implementadas por los Sistemas de Justicia Penal Juvenil en América...
La Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) ha publicado recientemente un informe para fomentar la denuncia de delitos de odio, el cual señala las barreras a este tipo de denuncia que se dan en la Unión Europea y que dificultan el acceso de las víctimas a la protección y la justicia. En este sentido, el documento señala que son muchas las víctimas que no denuncian los ataques ya que es demasiado difícil o no confían en la policía, por lo que se pide a los países de la Unión Europea que garanticen que estas personas afectadas puedan obtener apoyo, protección y justicia. El informe destaca las lagunas en la información sobre este tipo de delitos, subrayando algunos aspectos que deben tenerse en cuenta para mejorar esta situación en relación a poner fin a la discriminación y empoderar a las víctimas, mejorar los procesos de recabar información, registrarla y derivar a las víctimas a los servicios pertinentes, y desarrollar la capacidad para hacer frente a los delitos motivados por el odio por parte de diferentes actores implicados, como los agentes policiales.
Youth Endowment Fund ha lanzado recientemente un kit de herramientas para prevenir y reducir la violencia entre la juventud. Se trata de una primera versión que aporta evidencias sobre 13 estrategias diferentes de este ámbito y está destinada a ser de ayuda a las fuerzas policiales, autoridades locales y organizaciones benéficas para jóvenes, entre otros colectivos. Asimismo, se trata de un material que se actualizará cada seis meses incorporando nuevas aportaciones. Entre las estrategias evaluadas en este kit destacan la disuasión focalizada, la terapia cognitivo-conductual (TCC), los programas de actividades extraescolares y los programas contra el acoso escolar.
La Comisión para la Infancia y Juventud del estado australiano de Victoria ha publicado un informe en el que pide poner fin a la sobrerrepresentación de niños, niñas y jóvenes aborígenes en el sistema de justicia juvenil. En este sentido, la entidad asegura que la búsqueda y aplicación de posibles soluciones pasar por ubicar en el centro del proceso a los propios niños, niñas y jóvenes aborígenes, junto a sus familias, comunidades y cultura. Este informe es el resultado de una investigación que ofrece 41 hallazgos y 75 recomendaciones que, según la Comisión, se pueden implementar en un plazo de cinco años. Además, se pide tanto una mejor coordinación de todos los servicios que trabajan con niños, niñas y jóvenes, como un conjunto de medidas destinadas a minimizar el contacto con la policía, fortalecer la asistencia legal y las medidas extrajudiciales, reducir el uso innecesario de medidas cautelares de privación de libertad y configurar un sistema de justicia que se centre en la prevención y la intervención tempranas en cada etapa. Por último, la Comisión recomienda que se eleve la edad mínima de responsabilidad penal a 14 años, en línea con las peticiones de defensores...
Irlanda ha publicado una nueva Estrategia de Justicia Juvenil para 2021-2027 elaborada bajo la dirección de un grupo directivo de expertos presidido por James Browne, ministro de Estado del Departamento de Justicia. La Estrategia, basada en los principios de bienestar infantil derivados de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ha sido concebida como un marco de desarrollo para impulsar numerosas acciones e iniciativas. Los principales objetivos de esta nueva estrategia responden a la necesidad de maximizar las oportunidades para promover cambios de comportamiento positivos, abordando una amplia gama de cuestiones relevantes para los niños y jóvenes en riesgo de entrar en contacto con el sistema de justicia penal. En este sentido, se incluyen acciones relacionadas con la prevención e intervención temprana, el apoyo familiar, las medidas extrajudiciales, la supervisión y el apoyo en la comunidad, entre otras. Por último, señalar que la implementación de esta estrategia dará prioridad a la mejora de servicios existentes como los Proyectos de Medidas Extrajudiciales para Jóvenes de la Garda (policía nacional de la República de Irlanda), a la vez que al...
Escocia se ha convertido en una de las primeras naciones del mundo, y la primera en el Reino Unido, en incorporar directamente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en la legislación nacional, lo cual indica un importante cambio cultural y legal con capacidad para transformar la vida de los niños en el país. En este sentido, conviene señalar que la Convención establece los derechos específicos que todos los niños tienen para ayudar a desarrollar su potencial, incluidos aquellos que protegen a los niños que entran en contacto con los sistemas de justicia. Dentro del marco de esta incorporación directa de la Convención en la ley de Escocia, se requiere que las autoridades públicas escocesas informen cada tres años sobre cómo cumplen con los citados derechos, otorgándole a los niños y sus correspondientes representantes, si es necesario, el derecho a acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. A lo largo de tres años, las autoridades públicas contarán con un programa de más de 2 millones de libras para aplicar la legislación, incluyendo una financiación para orientarles y capacitarles de cara a la implementación. Por último, señalar que...
El pasado 24 de marzo, la Comisión Europea adoptó la primera Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia de carácter global, así como una propuesta de Recomendación del Consejo de la UE por la que se establece una Garantía Infantil Europea en favor de la igualdad de oportunidades de los niños en riesgo de pobreza o exclusión social, que complementa a la Estrategia. La nueva estrategia, planteada a nivel tanto europeo como global y desarrollada mediante una consulta realizada a más de 10.000 niños de dentro y fuera de la Unión Europea, se estructura en seis áreas diferentes que tratan temas como la pobreza infantil, la participación de los niños en la vida democrática,  y la justicia adaptada a los niños. En esta última, la Estrategia hace hincapié en acciones para la formación especializada de profesionales de la justicia, la implementación de las Directrices del Consejo de Europa sobre justicia adaptada a los niños, y el uso de medidas alternativas a la acción judicial, entre otros. Además, la Estrategia incluye como uno de sus objetivos principales acabar con cualquier tipo de violencia infantil, con un refuerzo en materia de violencia de género y...