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Introducción
El fenómeno de los jóvenes infractores con problemas de salud mental se ha convertido en un problema a nivel europeo que es necesario tratarlo. Diferentes estudios y experiencias en la investigación se han centrado en las tendencias de los menores y de los jóvenes que tienen un comportamiento delictivo y los que también sufren una enfermedad o una alteración de la salud mental, asociados la mayoría de ellos con un consumo y abuso de sustancias. Existen menores y jóvenes con trastornos mentales, ya sea aisladamente o en combinación con la adicción a sustancias tóxicas, que han causado o contribuido al desarrollo de ciertos comportamientos antisociales.
Cuando en 2006 fue pronunciada una estrategia en la Unión Europea sobre la salud mental, el Parlamento Europeo señaló que teniendo en cuenta a los delincuentes en edad adulta “aproximadamente el 40% de los presos sufren algún tipo de enfermedad mental, y la probabilidad de suicidarse es siete veces mayor en comparación con la gente que se integra en la sociedad. Las condiciones inadecuadas en las cárceles pueden agraviar la enfermedad e impedir la rehabilitación”. En el caso de los jóvenes en situación de privación de la libertad, tienen una mayor tendencia a desarrollar enfermedades mentales que los adultos. Las cifras muestran que el 95% de los jóvenes sufren al menos un problema de salud mental y el 80% más de uno. De acuerdo con la organización Prison Reform Trust, la probabilidad de que los menores en situación de detención cometan suicidio es dieciocho veces mayor que la gente que vive en la comunidad.
Según los investigadores científicos y los profesionales en justicia juvenil, existen evidencias cada vez mayores de que la mayoría de los jóvenes infractores en los sistemas de justicia juvenil a nivel mundial tienen síntomas de problemas mentales y otros más serios con el consumo de drogas. Reconocidos investigadores a nivel mundial han descubierto que la mitad o un tercio de los jóvenes que ingresan en los centros de detención preventiva cumplen los criterios necesarios para sufrir para uno a más problemas mentales. Además, esto se convierte en un problema significativo tanto a nivel de salud física y mental como de su bienestar, y se agrava si estas necesidades no son identificadas ya que repercute a largo plazo en un futuro en sus vidas.
El problema central sobre las enfermedades mentales de los jóvenes es la cuestión sobre su responsabilidad penal. En teoría, cuando se declara a los acusados mentalmente inestables, no pueden ser condenados por un delito debido a que su capacidad está reducida/disminuida. Sin embargo, los profesionales en justicia juvenil tienden a pasar por alto las señales y los síntomas propios de los problemas de salud mental en los jóvenes infractores y, por consiguiente, son impuestas sentencias de naturaleza más bien restrictiva que terapéutica. Dichas sentencias solo pueden exacerbar los problemas mentales.
Además, se hace evidente la carencia de un tratamiento adecuado así como de estrategias y políticas adecuadas para tratar a los jóvenes con problemas mentales. Tampoco existe una formación adecuada en el ámbito judicial de los profesionales y existe una carencia de colaboración con el sector sanitario, con lo que a menudo se complica la eficacia en respuestas efectivas a jóvenes con problemas de salud mental.
Cuando políticas y estrategias en los ámbitos de justicia, salud y del derecho del menor, son planteadas, la tarea más crítica para la UE así como para las entidades nacionales es el reconocimiento de las necesidades de los jóvenes infractores con problemas de salud mental. En lugar de institucionalizar los problemas de salud mental en las prisiones, en las organizaciones para la justicia juvenil o en las sanitarias, la tarea preponderante para los países europeos tendría que ser la de facilitar la disposición de recursos individuales adaptados a las necesidades particulares de niños y de jóvenes infractores con problemas de salud mental a través, por ejemplo, de la creación de unidades específicas o de terapia comunitaria. Teniendo en cuenta que ante la gran variedad de instrumentos internacionales y normas que garanticen los derechos y el bienestar de los niños, en los que se incluyen a los jóvenes, esta situación que afecta a los menores es inaceptable.
En este contexto, y dentro del Programa DAPHNE III, la Comisión Europea apoyó al Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) en el desarrollo y la coordinación de un proyecto de estudio comparativo sobre la situación actual de los jóvenes infractores con problemas de salud mental en Europa. Por consiguiente, el innovador proyecto titulado Análisis Comparativo Europeo y la Transferencia de Conocimientos sobre Recursos de Salud Mental para Jóvenes Infractores (MHYO) ha sido finalizado y llevado a cabo entre Diciembre 2009 - Diciembre 2011.
Programa DAPHNE III
El análisis comparativo europeo y la transferencia de conocimientos
sobre recursos de Salud Mental para Jóvenes Infractores (MHYO)