El Ministerio de Justicia del Reino Unido ha publicado recientemente una serie de nuevos informes, bajo el título general ‘Patterns of education, social care and youth offending’ (Patrones de educación, servicios sociales y delincuencia juvenil), que ofrecen un análisis exhaustivo de los antecedentes educativos y sociales de niños y niñas que han recibido una medida judicial o extrajudicial. El estudio, elaborado como parte del programa Data First del Ministerio, subraya los altos niveles de vulnerabilidad entre niños y niñas en conflicto con la ley, destacando correlaciones significativas entre exclusión escolar, necesidades educativas especiales, intervención de servicios sociales y reincidencia.
Los informes, basados en la interconexión de datos del Ministerio de Justicia y del Departamento de Educación, realizaron un seguimiento de una cohorte de aproximadamente 3,13 millones de estudiantes. Aunque indican que la delincuencia es relativamente poco frecuente —ya que solo el 5% de estos estudiantes recibió una medida extrajudicial o judicial—, los resultados muestran que quienes entran en contacto con el sistema de justicia suelen enfrentarse a necesidades y desafíos complejos y que estos factores de riesgo aparecen frecuentemente antes de la primera infracción. Cabe destacar que los niños y niñas que recibieron una medida extrajudicial o judicial tenían una probabilidad desproporcionadamente mayor de presentar Necesidades Educativas Especiales (NEE), con tasas de entre el 72% y el 87% en los diferentes grupos de niños y niñas que infringieron la ley, frente al 42% en el conjunto general de estudiantes.
Asimismo, el estudio resalta el papel crítico de la estabilidad escolar y el absentismo. Más de la mitad (53%) de los niños y niñas que habían sido expulsados permanentemente de su centro educativo recibieron posteriormente una medida extrajudicial o judicial. La investigación también llama la atención sobre la intersección entre los sistemas de protección infantil y de justicia, revelando que casi 4 de cada 10 niños y niñas que infringieron la ley habían sido registrados como “necesitados de ayuda” (child in need) por los servicios sociales, una tasa cuatro veces superior a la de la población escolar general.
A través de la publicación de estos informes, el Ministerio de Justicia pretende profundizar en la comprensión de los factores de riesgo que conducen a la delincuencia juvenil, proporcionando una base de datos para fundamentar las políticas de intervención temprana y la colaboración entre distintos sectores.