La National Youth Justice Network publica un informe sobre los cambios en la legislación de justicia juvenil en Estados Unidos durante 2023

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La National Youth Justice Network (Red Nacional de Justicia Juvenil) ha publicado recientemente un informe que detalla un total de 99 cambios en políticas de justicia juvenil que se lograron en 2023 en 30 estados de EE. UU.

El informe destaca los siguientes cambios positivos:

- Ocho estados aprobaron leyes que limitan o ponen fin a la imposición de multas y tasas por parte de los tribunales de justicia juvenil. 

- Siete estados aprobaron leyes que amplían la capacidad de borrar antecedentes penales juveniles (y algunos de la edad adulta) en determinadas circunstancias. 

- Seis estados aprobaron leyes que establecen más límites para impedir que los casos de jóvenes entren al sistema de justicia de adultos, como límites al traslado de adolescentes al sistema de adultos o a centros para adultos, o a las condiciones para que sean juzgados como adultos. 

- Cinco estados aprobaron leyes centradas en la salud mental, desde la mejora de los servicios de salud mental disponibles en las escuelas, en la comunidad y en el sistema judicial, hasta medidas extrajudiciales para jóvenes con problemas de salud mental. 

- Cuatro estados aprobaron leyes que protegen a los jóvenes de declaraciones falsas realizadas por la policía durante los interrogatorios. 

- Cuatro estados aprobaron leyes que invierten en recursos para jóvenes y/o amplían las alternativas basadas en la comunidad. 

- Cuatro estados aprobaron leyes que abordan el problema de las prácticas y políticas escolares que favorecen que jóvenes entren en contacto con el sistema de justicia penal.  

- Tres estados aprobaron leyes que prohíben la cadena perpetua sin libertad condicional por crímenes cometidos siendo menor de edad, lo cual eleva a 28 el número de estados de EE. UU. que prohíben esta sentencia. 

El informe también destaca que en 2023 se aprobaron varios proyectos de ley perjudiciales en algunos estados de EE.UU., como los que reducen la confidencialidad de los expedientes de jóvenes, los que facilitan a la fiscalía abrir casos, los que permiten la suspensión escolar de los menores de seis años y la expulsión permanente de la escuela de los menores de ocho años, y los que amplían las disposiciones para el traslado de ciertos casos de jóvenes a tribunales de adultos. 

Sin embargo, el informe celebra que en 2023 se lograra casi el doble de avances en políticas que en 2022, y que se aprobaran en estados de todo el espectro político.