La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México ha publicado recientemente su ‘Informe Especial sobre las condiciones que viven las personas adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal en los Centros de Internamiento’.
Para elaborar este estudio, representantes de la CNDH visitaron los 45 Centros de Internamiento para adolescentes localizados en el territorio nacional, entrevistando a profesionales y encuestando a jóvenes en estos centros para conocer mejor sus realidades, visión y necesidades. Igualmente, realizaron consultas informativas a las autoridades relevantes del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
Los representantes de la CNDH han examinado las características y funcionamiento de estos centros en relación con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de la infancia, y en concreto de la infancia en conflicto con la ley, así como en relación con la legislación nacional de México en los mismos aspectos.
La CNDH recuerda en el informe que “El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes tiene el deber de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes, conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia, desde el enfoque del principio del interés superior de la niñez y la adolescencia, con observancia siempre de la perspectiva de género y el principio pro-persona, pues reconocen que éstas se encuentran en la etapa de desarrollo caracterizada por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales.”
Sobre la base de este enfoque de la protección de derechos, el objetivo del informe es “identificar y visibilizar las condiciones que pueden llegar a imposibilitar su proceso de reintegración y de desarrollo constructivo en la sociedad, mismas que tienen que estar relacionadas con el trato digno, el acceso a la justicia, la especialización y suficiencia del personal que les brinda atención, el cumplimiento del contenido de su plan de actividades, las labores que realizan, la comunicación que mantienen al exterior, la protección a sus derechos a la salud, a la alimentación, a la integridad física y mental, a un alojamiento adecuado, a la educación, a la información, a la legalidad y seguridad jurídica en los procedimientos de imposición de sanciones disciplinarias, entre otros.”