La Dra. Wendy O'Brien es una criminóloga experta en investigación sobre la violencia contra los niños, los derechos del niño, y el acceso a la justicia por parte de los niños. Adoptando un enfoque basado en las respuestas legales y terapéuticas para los niños en conflicto con la ley, el trabajo de investigación de Wendy abarca tanto la investigación académica sobre el Derecho como sobre la aplicación práctica de las políticas públicas, incluyendo la evaluación de la prestación de servicios sociales a niños. Wendy ha colaborado como experta en una serie de publicaciones sobre la protección de la infancia, y participa regularmente en comités de asesoramiento a la investigación en proyectos sobre la problemática de las agresiones sexuales a niños. Además, es actualmente miembro del Consejo Asía-Pacífico de Justicia Juvenil (CAPJJ).

Wendy imparte clases de criminología en la Universidad de Deakin en Australia. Antes de ocupar este puesto en Deakin, trabajó durante siete años como investigadora en la Australian Crime Commission (Comisión Australiana del Crímen), donde realizó investigaciones sobre la base de los servicios de inteligencia y proporcionó asesoramiento al desarrollo de políticas sobre las respuestas legales y terapéuticas a los niños en conflicto con la ley.

En Australia, niños de tan solo 10 años pueden ser acusados, condenados y sentenciados por infracciones de la ley. Usted ha defendido que la EMRP debe ser aumentada a 14 años, que el principio de doli incapax (incapaz de delito) sea aplicado consistentemente a todas las personas menores de 18 años. ¿Cuáles son las principales fuentes de oposición al intentar alcanzar estas metas?

Cambiar la EMRP en Australia requeriría reformas legislativas en cada uno de los estados y territorios australianos, ya que la justicia juvenil es responsabilidad de cada estado, no se unifica a nivel nacional. Es importante tomar en consideración que los estados y territorios reforman regularmente su legislación de justicia juvenil, por lo que un cambio en la EMRP es ciertamente algo que cada estado y territorio podría lograr.

El obstáculo persistente para este cambio tiene su origen en una problemática mezcla de oposición tanto desde el ámbito político como social a cualquier reforma legislativa que respaldara los derechos de los niños dando prioridad a la rehabilitación y al bienestar de los niños en conflicto con la ley.

En Australia, al igual que en muchas otras jurisdicciones, los medios de comunicación juegan un papel muy poderoso en perpetuar estereotipos negativos sobre niños y jóvenes que han entrado en conflicto con la ley. Estos informes sensacionalistas alimentan en gran parte los temores de la comunidad hacia el crimen. Aunque los datos muestren una reducción de la delincuencia juvenil en Australia, los temores injustificados acerca de los "jóvenes delincuentes" siguen siendo un motor clave del apoyo de la comunidad a respuestas legislativas más "duras con la delincuencia juvenil".

¿En su opinión, de qué otras maneras el sistema de justicia juvenil australiano va en contra de las normas internacionales?

En Australia, los niños indígenas están sobrerrepresentados en todas las etapas del proceso de justicia penal, y son privados de libertad en una proporción 24 veces superior a la de los niños no indígenas. Los efectos de esta sobrerrepresentación son constantemente comentados en los informes de las Naciones Unidas relativos a los Derechos Humanos. Esta situación inaceptable se ve agravada por la baja EMRP de Australia, ya que la gran mayoría de los niños de 10 a 12 años que son criminalizados en Australia son indígenas.

Si bien corregir la criminalización desproporcionada de los niños y jóvenes indígenas es ciertamente la prioridad número uno, hay otros desafíos para asegurar que las prácticas de justicia juvenil en Australia cumplan con las normas internacionales. Sin embargo, nos encontramos ante una situación compleja, ya que los retos difieren de un estado a otro.

En términos generales, dirigiría la atención hacia la necesidad de asegurar que los niños nunca cumplan su sentencia en prisiones para adultos, y la importancia de asegurar que la privación de libertad solo sea una medida de último recurso, reduciendo de esta forma el alto número de niños y jóvenes privados de libertad.

Es también de gran importancia que se implementen reformas para parar la violencia contra niños y jóvenes en centros de internamiento australianos. En los últimos años los medios han mostrado en repetidas ocasiones abusos sufridos por niños y jóvenes australianos en centros de internamiento.

En su investigación respecto a los niños australianos que han abusado sexualmente de sus compañeros, usted ha señalado que dar respuestas inadecuadas a estos incidentes conlleva un riesgo para los niños. ¿Qué tiene que cambiar para responder de manera adecuada a este fenómeno?

La falta de respuestas adecuadas a niños y jóvenes con comportamientos sexualmente dañinos es una parte de un problema mucho más amplio. Demasiado a menudo se pierde la oportunidad de proporcionar una intervención temprana a niños que necesitan una atención práctica y terapéutica en sus primeros años formativos. Fallos sistémicos de este tipo significan la pérdida de una oportunidad clave para la rehabilitación, y para asegurar el bienestar de los niños durante toda su vida.

Los datos clínicos muestran, por ejemplo, que niños con comportamientos sexualmente dañinos los abandonarán, siempre y cuando se les ofrezca una atención terapéutica adecuada en una etapa temprana del desarrollo de estos comportamientos. Desafortunadamente, cuando ocurren este tipo de incidentes los adultos presentes toman a menudo decisiones equivocadas, bien por ‘minimizar’ los comportamientos, o bien por ‘agrandarlos’.

El minimizar los comportamientos significa que las necesidades terapéuticas de todos los niños involucrados permanecen ignoradas. Esta es una perpetuación inaceptable del riesgo, tanto para el niño con este tipo de comportamientos como para los niños con los que interactúa. Por otro lado, cuando los adultos ‘agrandan’ la respuesta a los incidentes, podrían humillar o estigmatizar al niño públicamente, creando un daño profundo que al final perjudica el bienestar del niño y su probabilidad de rehabilitación.

Para asegurar que niños y jóvenes reciban respuestas sensibles, pertinentes y efectivas, es importante que trabajadores sociales, agentes de policía, profesores, profesionales del sector judicial, y la sociedad en general reciban educación sobre qué comportamientos sexuales son propios de cada edad y aquellos que sobrepasan los límites comúnmente aceptados del desarrollo del niño.

Otra prioridad adicional es concienciar sobre el hecho de que comportamientos de este tipo tienen su origen muy a menudo en traumas o dificultades del desarrollo que ocurren durante la niñez. Las repuestas punitivas y estigmatizadoras a niños traumatizados solo intensificarán el daño y la marginalización, poniendo en peligro las posibilidades de rehabilitación de los niños y su bienestar tanto a corto como a largo plazo.

Usted ha escrito sobre el derecho a la participación de los niños en relación a la libertad de expresión y al acceso a información online. Respecto a este tema, en su opinión ¿cuáles son las medidas que deberían ser tomadas para prevenir que niños abusen de este acceso convirtiéndose en perpetradores de violencia online contra sus compañeros u otras personas?

Es un error asignar toda la responsabilidad sobre la seguridad online a los propios niños y jóvenes. Es necesario realizar un mayor trabajo para regular los poderosos intereses políticos y comerciales que impulsan la mayoría del contenido en Internet, con una labor continuada para asegurar que los derechos de los niños sean tenidos en cuenta seriamente.

Otro elemento importante de este trabajo es la producción de versiones adaptadas a niños de los términos y condiciones, así como de la configuración de opciones de privacidad, en las redes sociales populares entre niños y jóvenes; es fantástico ver que este tipo de versiones adaptadas ya han sido desarrolladas en varios países por Comisionados para la Infancia, entre otros profesionales. Estas permiten los niños navegar online por sí mismos de manera segura.

Respecto a la cuestión sobre la participación de niños en comportamientos abusivos online, es importante recordar que cada vez más el mundo adulto ofrece a los niños mensajes contradictorios sobre sexo, violencia, poder y lo que se considera aceptable por la sociedad en las relaciones interpersonales. No podemos esperar que los niños interpreten estos mensajes contradictorios si no les proporcionamos modelos sólidos de conducta, mensajes alternativos de peso, y educación sobre sus propios derechos y responsabilidades en las relaciones interpersonales.

Este es el caso de las interacciones de los niños tanto en el mundo online como en el offline.  Tenemos que encontrar el equilibrio entre derechos destinados a su protección y a su participación. A la vez que es importante educar a niños y jóvenes en maneras seguras y respetuosas de desenvolverse en el mundo online, es igualmente importante reconocer que los niños y jóvenes también tienen mucho que enseñar a los adultos sobre la seguridad online, y sobre comportamientos respetuosos.

Los niños son sujetos plenos y activos tanto en el mundo online como en el mundo offline. Una investigación en Australia muestra que niños y jóvenes pueden asumir el papel de líderes en la educación sobre la seguridad en Internet, y en el diseño de estas políticas de seguridad online. Proporcionar a niños y jóvenes oportunidades significativas para ayudar a construir el mundo digital, y para ayudar a desarrollar las políticas que regulan su acceso a este mundo, se encuentra en línea con el derecho a la participación de los niños presente en la CDN.

Usted ha abogado contra las políticas de ‘nombrar y avergonzar’ a niños en conflicto con la ley. Los que apoyan tales medidas a menudo argumentan que sirven como elemento disuasorio, lo que usted ha refutado. ¿Puede explicar las causas principales por las que estas políticas no solo van en contra del interés superior del niño, sino también de los intereses de la sociedad en general?

Las normas internacionales nos recuerdan que los niños, debido a encontrarse en esta etapa de su desarrollo vital, necesitan recibir por parte de la justicia penal una respuesta distinta a la que reciben los infractores adultos. Un número desproporcionado de niños en conflicto con la ley ha experimentado adversidades y traumas, incluyendo la violencia y/u otros problemas intrafamiliares, y la pobreza, antes de entrar en contacto con el sistema de justicia penal. Esto pone de relieve la vulnerabilidad de los niños y jóvenes que entran en conflicto con la ley, y la necesidad de apoyo para la asistencia a su rehabilitación y reintegración.

Adicionalmente, muchos datos criminológicos indican que hay poca probabilidad de que las conductas infractoras que se dan en la adolescencia persistan durante toda la vida. Pero al ‘nombrar y avergonzar’ a un niño públicamente, el sistema de justicia penal y los medios imponen ese impacto de por vida al niño, lo cual dificulta en gran medida la posibilidad de rehabilitarse. ¿Qué posibilidad real tiene un niño de rehabilitación si su nombre y su foto se difunden a escala mundial con el apelativo de “monstruo”?

Las implicaciones de ‘nombrar y avergonzar’ en la era digital son especialmente preocupantes, porque la rápida difusión de la información y la permanencia del registro público imponen un estigma para toda la vida, equivalente a decir que ese niño no tiene capacidad de rehabilitarse.

Los niños, debido a su juventud, tienen una capacidad especial para la rehabilitación. Redunda en el interés de todos que los niños tengan en su proceso de rehabilitación el apoyo necesario para aprovechar su potencial de llevar una vida productiva como miembros de la sociedad en el sentido más amplio. Este enfoque refuerza la seguridad en la sociedad.