Víctor Giorgi es psicólogo uruguayo y actual Director General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN). Como Organismo Especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en materia de niñez y adolescencia, el IIN asiste a los Estados en el desarrollo de políticas públicas y apoya su implementación, en la perspectiva de la promoción, protección y respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El señor Giorgi comenzó su trayectoria profesional como docente universitario de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Republica (UDELAR – Uruguay), donde también fue decano entre 1999 y 2005, y actualmente es coordinador Académico de la Maestría en Derechos de Infancia y Políticas Públicas. Antes de unirse al IIN, también fue presidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) entre 2005 y 2009. Es autor de un importante número de libros y artículos sobre temas relacionados con su especialidad, como Políticas de Infancia, Salud, Psicología Social y Comunitaria, y Derechos del Niño.

El IIN “asiste a los Estados en el desarrollo de políticas públicas, contribuyendo a su diseño e implementación en la perspectiva de la promoción, protección y respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes” ¿de qué formas realiza el IIN esta asistencia principalmente?

La asistencia técnica que ofrece el IIN a los Estados Miembros del Sistema Interamericano toma diferentes formas que se complementan entre si de acuerdo a la demanda de cada Estado y las posibilidades de que se dispone. Los procesos pueden implicar acompañamiento en la elaboración e implementación de proyectos a mediano o largo plazo como parte del diseño de políticas públicas.

Además, se trabaja en la producción de conocimientos, sistematización y análisis de experiencias, estudio crítico de marcos normativos y elaboración de herramientas y dispositivos de intervención. En relación a esto, se realizan conversatorios entre enlaces técnicos de los Estados para compartir experiencias y extraer aprendizajes.

Una de las principales actividades que realiza el IIN en coordinación con los Estados es la formación a recursos humanos a través de cursos a distancia y semipresenciales que alcanzan a todos los países del Sistema Interamericano.

Para sostener y potenciar estas acciones se trabajan acuerdos con socios estratégicos de la sociedad civil y de la academia.

Dentro de poco se cumplirán diez años desde que el IIN publicó el documento de posicionamiento “Los Sistemas de Responsabilidad Penal Adolescente en las Américas” (2012). Este documento se posiciona a favor de primar el componente socioeducativo sobre el punitivo en relación al trato con adolescentes en conflicto con la ley. ¿Cree que el elemento socioeducativo prima hoy en día en los sistemas de responsabilidad penal adolescente de esta región?

Lamentablemente las políticas de seguridad implementadas en la región toman la cárcel como el principal recurso, por lo que los componentes socioeducativos tienen poco desarrollo. A pesar de esto, existen experiencias muy interesantes, pero siempre en escala reducida y muchas veces sin la continuidad en el tiempo que permita evaluar resultados a mediano y largo plazo.

Si bien las medidas socioeducativas muestran menores porcentajes de reincidencia, existe una presión social sobre los operadores judiciales que dificulta su aplicación a gran escala.

El IIN ha publicado recientemente el informe “Pautas para la prevención y gestión de la violencia institucional dentro de los Sistemas de Responsabilidad Penal Adolescentes” ¿Cuáles son los mecanismos o medidas utilizados en Estados Miembros de la OEA que destacaría como más efectivos para evitar dicha violencia? 

La violencia en el interior de los sistemas tiene dos fuentes que se realimentan entre sí: las violencias entre pares, en especial cuando existen bandas o pandillas, y las violencias institucionales de parte de funcionarios o representantes institucionales.

En este sentido, la mayoría de los Estados cuentan con normativa y protocolos para afrontar estas situaciones. Un porcentaje menor cuenta con programas de prevención dirigidos a personal de los centros u otras autoridades, o programas de prevención dirigidos a los y las adolescentes. Otros cuentan con programas de capacitación y especialización dirigidos a los funcionarios en contacto con jóvenes en conflicto con la ley penal.

Sobre los mecanismos de vigilancia, control y supervisión, y/o un organismo cuya facultad sea la de efectuar visitas e inspeccionar tales centros de detención, la mayoría cuentan con mecanismos internos, es decir, son los mismos centros los que procesan las posibles denuncias, con las dificultades que esto implica en tanto a garantías a los o las denunciantes.

En la respuesta a las denuncias, se pueden identificar dos tipos de medidas: aquellas dirigidas a resguardar la vida e integridad de las víctimas y aquellas medidas vinculadas a una actividad de investigación o sanción de el o los responsables.

¿Qué valoración haría de la capacidad de los sistemas de justicia juvenil del continente para tratar adecuadamente a grupos sociales que sufren a menudo discriminación estructural, tales como las niñas y adolescentes por su condición de género, y los niños, niñas y adolescentes LGTBIQ+?

La dimensión de género se ha introducido muy recientemente en la lógica de los sistemas de responsabilidad penal adolescente. La organización del sistema esta basada en una diferenciación sexual binaria, no existiendo apertura a considerar las singularidades que escapan a la dicotomía hombre mujer. Esto lleva a situaciones de violencia institucional que afecta especialmente a adolescentes LGTBIQ+.

La diferencia entre sexo biológico e identidad de género desorganiza las respuestas habituales del sistema y esto suele resolverse a través de la imposición de comportamientos esperables en base a la identidad biológica, desconociendo la identidad de género y la autopercepción de las personas.

Esto se da aun en países en que los y las adolescentes tienen reconocido su derecho a modificar la identidad de género original, pero esto no suele respetarse al interior de los sistemas de responsabilidad penal.

Además, en los últimos años ha habido un incremento sostenido de adolescentes femeninas dentro del sistema, lo que hace necesario repensar algunos aspectos de la organización institucional para contemplar las necesidades relacionadas a su condición de género. Entre estos aspectos se encuentra la situación de madres que viven con sus hijos e hijas dentro de los establecimientos, y los embarazos.

¿Qué políticas o medidas implementadas en Estados Miembros de la OEA destacaría en cuanto a su eficacia en la prevención para alejar a niños, niñas y adolescentes de la criminalidad y del contacto con el sistema de responsabilidad penal?

La inequidad y la violencia que prevalecen en el continente americano resultan difíciles de revertir con acciones puntuales que no modifiquen aspectos estructurales.

Un componente relevante de estas políticas es el acceso y la retención dentro del sistema educativo. Si bien esto venía registrando un incremento, la situación asociada a la pandemia del COVID-19 determinó largos periodos de cierre de los centros de estudio e implementación de modalidades “no presenciales” que dejaron por el camino un importante número de niños, niñas y adolescentes. En la franja adolescente se habla de un 50% de desafiliación del sistema educativo. Esto, unido a la discriminación que cierra caminos para la integración social, lleva a pensar que los próximos años van a ser especialmente difíciles en relación a las diferentes expresiones de violencia a nivel social.