La Dra. Joan Nyanyuki es la Directora Ejecutiva del African Child Policy Forum (ACPF), un centro panafricano para la promoción de las políticas y el diálogo sobre los derechos de los niños y niñas africanos.

La Dra. Nyanyuki es copresidenta del Comité Ejecutivo de la Alianza global para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y Presidenta de la Alianza Africana para poner fin a la violencia. Ha defendido los derechos humanos, la justicia de género, la igualdad y los derechos de las mujeres en puestos estratégicos de liderazgo en ONG nacionales e internacionales. Tiene una amplia experiencia en investigación y defensa de los derechos humanos y liderazgo organizativo a través de sus funciones anteriores como directora regional de Amnistía Internacional en África Oriental y la región de los Grandes Lagos, como directora ejecutiva de la Coalición sobre la violencia contra las mujeres, y en la Unidad Médico-Legal Independiente.

La Dra. Nyanyuki comenzó su carrera como médica, trabajando con sobrevivientes de tortura y violencia sexual, antes de hacer la transición a su labor en derechos humanos e igualdad de género.

¿Cuáles son las principales acciones que lleva a cabo el ACPF para promover sistemas de justicia adaptados a los niños ⁽¹⁾ en los países africanos?

Realizamos investigaciones para generar conocimiento sobre la justicia juvenil en África. Por ejemplo, desarrollamos las Directrices sobre la acción para los niños en el sistema de justicia en África respaldadas por el Comité Africano de Expertos. Realizamos actividades de promoción para promover la reforma de las leyes y políticas, principalmente dirigidas a los gobiernos africanos y los mecanismos de la Unión Africana.

Igualmente, hemos trabajado mucho para llamar la atención sobre los temas que deben abordarse para promover los cambios necesarios dentro del sistema de justicia existente y crear conciencia entre los gobiernos y la sociedad civil. Los foros continentales y entre países que organizamos lo hacen muy bien, permitiendo el aprendizaje y el intercambio de prácticas entre países. En 2018 convocamos una conferencia continental de alto nivel sobre el acceso a la justicia para los niños. Este año estamos planeando la celebración de Cumbres regionales sobre justicia juvenil en África oriental y meridional.

Además, el ACPF es socio técnico del Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño. Por lo tanto, brindamos asistencia técnica al Comité en su promoción de la justicia adaptada a los niños. Por ejemplo, trabajamos en estrecha colaboración con el Comité para el Día del Niño Africano 2020, que se centró en el acceso a la justicia adaptada a los niños en África.

¿Cómo ha afectado el COVID-19 a los países africanos con respecto a los derechos y el bienestar de los niños en los sistemas de justicia?

El COVID-19 ha cambiado la vida de todos, pero después de 18 meses, todos entendemos que son los miembros más vulnerables de la sociedad los que están siendo más afectados por esta pandemia. Los niños entran en esta categoría. Los encierros que restringían el movimiento y mantenían a los niños a puerta cerrada también limitaban o demoraban el acceso físico de los niños a la justicia.

Mientras veíamos cómo el mundo se convertía en un modo virtual, esto apenas despegó en África, y ciertamente no en las áreas rurales donde vive la mayor parte de la población africana. Si el aprendizaje en línea apenas despegó para la mayoría de los niños, puede imaginarse lo hercúlea que fue la tarea de establecer tribunales virtuales para casos de niños. Apenas sucedió. Con una baja penetración de Internet, un acceso deficiente a la electricidad y muy poco acceso a dispositivos digitales, se puede imaginar que era casi imposible establecer estos tribunales virtuales. Algunos países, como Kenia, introdujeron tribunales virtuales con procedimientos adaptados a los niños, conservando así el acceso a la justicia durante la pandemia. Sin embargo, estos tribunales virtuales no se encuentran en todos los distritos debido a la necesidad de utilizar Internet, electricidad y otros equipos técnicos.

La otra preocupación crítica es la privación de libertad de niños. Hay informes de casos de niños en conflicto con la ley arrestados por violar las regulaciones COVID-19 y privados de libertad como medida de primer recurso. Esta es una violación total de la ley, que requiere que la privación de libertad se utilice como medida de último recurso para cualquier niño en conflicto con la ley. Sin embargo, las limitaciones preexistentes, como la ausencia de medidas extrajudiciales previas al juicio en algunos países, dificultaron la implementación de estas medidas alternativas al llegar el COVID.

¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan los niños para ejercer su derecho de acceso a la justicia en los países africanos?

Estos obstáculos no son simples, son multifacéticos. Hay niños que viven situaciones en las que los sistemas de justicia son inexistentes o totalmente disfuncionales. Tomemos como ejemplo a los niños que viven en países devastados por la guerra, o que han tenido que migrar, o incluso niños que están en pleno desplazamiento. África ha estado plagada de un conflicto tras otro, nuestras emergencias se convierten rápidamente en desastres porque nuestros sistemas no son resilientes y no pueden soportar los choques. Estas situaciones que hacen que los sistemas gubernamentales se derrumben no perdonan tampoco al sector judicial.

Además, es posible que los niños con discapacidades, especialmente con discapacidades intelectuales, no puedan expresarse. A menudo, nuestros sistemas de justicia no les ofrecen las condiciones necesarias o los intermediarios que necesitan.

Por otra parte, hemos visto países en los que faltan tribunales especializados en menores, lo que deja a los niños a cargo de procesos y procedimientos judiciales para "adultos".

En general, muchos países africanos tienen sectores de la justicia terriblemente carentes de recursos. Encontramos por lo tanto muy pocos profesionales formados en procedimientos judiciales adaptados a los niños. La misma limitación se aplica al sector de la seguridad. En general, no se lleva a cabo una labor policial sensible a los niños. En algunos casos, los derechos de los niños se violan en el momento del arresto o de informar de una denuncia a la policía u otra administración del gobierno local. La policía es la puerta por la que entra todo niño que se enfrenta a una violación de derechos, y la falta de una labor policial sensible a los niños es un gran obstáculo.

Por cierto, todos estos temas están claramente articulados en la Carta Africana y la Agenda 2040, pero no se están implementando a nivel nacional. Tenemos una gran cantidad de trabajo por delante.

¿Podría darnos una descripción general de la situación actual con respecto al uso del castigo corporal para niños en los sistemas de justicia penal de los países africanos?

Ha habido un buen progreso en la prohibición de los castigos corporales en los sistemas de justicia de África. Esto ha sido impulsado por la armonización de leyes y reformas, así como por disputas legales en los tribunales que han resultado en la declaración de inconstitucionalidad de ciertas leyes. En el caso de Zimbabue, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el castigo corporal. Nuestros informes sobre la violencia contra los niños publicados recientemente han mostrado que todavía hay otros países que aceptan el castigo corporal en el sistema de justicia. Nuestro informe de África 2020 sobre el bienestar infantil enumera los siguientes: Argelia, Angola, Botsuana, Burundi, República Centroafricana, Comoras, República Democrática del Congo, Yibuti, Mauritania, Guinea Ecuatorial, Egipto, Eritrea, Suazilandia, Comoras, Guinea, Libia, Madagascar, Níger, Sudán y algunos estados federales de Nigeria.

¿Cómo evaluaría la situación de las niñas en particular en relación con los sistemas de justicia en África?

Tradicionalmente, las niñas han recibido un trato favorable en el sistema de justicia, debido a una filosofía y una influencia cultural que las consideran como más vulnerables por su género y edad. Nuestro estudio sobre COVID-19 y niñas titulado ‘Under Siege: Impact of COVID-19 on Girls in Africa’ mostró que las niñas se vieron más afectadas que los niños cuando estalló la pandemia debido no solo a la reducción de lo que se consideraban servicios "no esenciales", sino también debido a la restricciones impuestas al movimiento y el cierre de escuelas.

Tengamos en cuenta el papel fundamental que desempeñan las escuelas y los maestros, en primer lugar, para mantener a los niños a salvo del abuso, pero más aún, para proteger a las niñas del matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Estas prácticas están criminalizadas en muchos países, pero todavía están muy extendidas, por lo que las escuelas son casi un “mecanismo de protección”, además de ser clave para identificar abusos y ayudar a las niñas a denunciar, poniendo así en marcha las ruedas de la justicia.

Hemos observado que debido al COVID-19, en países como Uganda y Kenia las instalaciones que brindan servicios de apoyo y gestión de casos a las niñas estaban funcionando en mínimos, lo que empeoraba la situación de las niñas en el sistema judicial. Sin embargo, también reflejamos en los informes que varios gobiernos pusieron en libertad a niñas. Por ejemplo, UNICEF informó al inicio de la pandemia de la liberación de aproximadamente 2.000 niños en Etiopía y 1.688 en Mozambique que se encontraban privados de libertad en régimen cautelar, incluyendo a niñas. Esto demuestra que la privación de libertad como medida de último recurso es posible. Debería ser la norma, no una medida extraordinaria impulsada por la pandemia. Responder a la pandemia nos ha obligado a adaptar e implementar algunas políticas y prácticas positivas, las cuales deben mantenerse incluso después de la pandemia.

La edad mínima de responsabilidad penal en muchos países africanos está por debajo de la recomendada por la ONU, que es al menos 14 años, llegando a ser en algunos países 7 años. ¿Actualmente los agentes implicados en esta causa están llevando a cabo acciones para elevar la edad mínima de responsabilidad penal en estos países?

ACPF y otros agentes implicados llevamos a cabo una labor continua de involucrar a los gobiernos para que revisen su edad mínima de responsabilidad penal y la eleven a 12-14 años. Somos conscientes de que hay varios factores que influyen en el establecimiento de esta edad mínima en África, y en nuestro trabajo esta sigue siendo un área prioritaria dentro de nuestra labor de defensa de derechos y de nuestros foros de formación e intercambio.

Dentro de nuestros planes de convocar Cumbres de Justicia Infantil en todas las subregiones, nos aseguraremos de que los gobiernos más cumplidores en este aspecto compartan sus experiencias con los que están rezagados. Es un tema que vinculamos a nuestra defensa del registro de nacimientos, dado que uno de los mayores desafíos para que los niños accedan a la justicia es que no siempre se conocen las edades de los niños. Esto realmente nos vuelve a recordar que todos los derechos del niño están interrelacionados, como ocurre con los derechos humanos, y tenemos que promover el avance de todos los derechos a la vez.

(1) La palabra “niño” en esta entrevista se utiliza para designar a niños, niñas y adolescentes.