La Dra. Astrid Podsiadlowski coordina y gestiona proyectos sobre Derechos de la Infancia y dirige el Sector de Derechos Sociales en la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA). La Agencia proporciona asesoramiento basado en la evidencia a responsables de toma de decisiones a nivel europeo y nacional sobre la base de investigaciones de campo cuantitativas y cualitativas y el análisis secundario de datos de políticas, legislación y estadísticas.

Las áreas de especialización de la Dra. Podsiadlowski incluyen la justicia adaptada a niños y niñas, la participación infantil, la pobreza infantil, la discriminación y las desigualdades sociales. Es psicóloga social e intercultural de formación y ha ocupado anteriormente puestos académicos de investigación y docencia en Europa, así como en Nueva Zelanda y EE. UU.

La FRA ha publicado recientemente la segunda edición del “Manual de legislación europea sobre los derechos del niño”. Desde la publicación de su primera edición en 2015, ¿cuáles diría que han sido los mayores avances en materia de derechos de la infancia en la UE?

En abril publicamos una actualización de este Manual que proporciona una descripción general de la legislación y la jurisprudencia relacionada con los derechos de la infancia, tanto dentro de los sistemas de la Unión Europea como del Consejo de Europa. Esta publicación ofrece una descripción general de todas las áreas del derecho, abarcando una amplia gama de temas que incluye los derechos y libertades civiles, la migración y el asilo, la protección contra la violencia y la explotación, el derecho de familia y muchos otros.

La nueva edición del Manual, aunque mantiene la misma estructura y descripción general de los temas, se ha ampliado en algunos emergentes como, por ejemplo, los daños en el entorno digital y los derechos LGBTI. Aquí, el Manual refleja una incipiente jurisprudencia, aún en desarrollo, pero también avances legislativos. La nueva edición del Manual también ha profundizado en áreas del derecho que ya estaban bien reflejadas en la primera edición, pero en las que se han producido nuevos desarrollos. Este es claramente el caso del asilo y migración, y el acceso a la justicia.

¿Qué áreas cree que van a experimentar el mayor progreso en los derechos de niños y niñas en los próximos años en la UE?

Confío en que la legislación y la jurisprudencia para la protección de niños y niñas contra los daños en el entorno digital, así como para la protección de niños y niñas LGBTI o criados en familias LGBTI, seguirán desarrollándose en los años venideros. Las crisis más recientes, ya sea la pandemia o la guerra de Ucrania, también han arrojado cada vez más luz sobre la necesidad de prevenir y combatir la pobreza y la exclusión social de niños y niñas. Se espera que el compromiso de la UE de construir una Europa más social a través de políticas y financiación específicas genere un progreso que reduzca ese riesgo de pobreza. Este debería ser el caso, en particular, cuando se trata de niños y niñas en situaciones vulnerables, como los que viven bajo tutela, tienen discapacidades o son de origen migrante.

La FRA también ha publicado recientemente un informe que analiza la implementación en 9 países de la Directiva 2016/800 de la UE sobre garantías procesales de menores sospechosos o acusados en procesos penales. El informe se basa en entrevistas realizadas con profesionales de la justicia juvenil y menores por igual. Sobre la base de estos testimonios, ¿cuáles son las deficiencias más comunes en la implementación práctica de esta directiva dentro de los sistemas judiciales examinados?

Según lo que nos han contado los profesionales y los propios niños y niñas sobre sus experiencias como sospechosos o acusados, vemos deficiencias persistentes cuando se trata de garantizar una justicia adaptada a niños y niñas en toda Europa. Una vez más, vemos claras lagunas para garantizar su derecho a la información y tener evaluaciones individuales para que los procesos penales se puedan adaptar a sus necesidades y circunstancias.

La mayoría de los niños y niñas entrevistados no recibieron información de las autoridades de manera que pudieran entender qué les estaba pasando y cuáles eran sus derechos. En estos casos, los abogados y abogadas funcionan como fuente principal de información y orientación. Sin embargo, suelen acudir en una etapa posterior del proceso, por ejemplo, cuando la policía ya interrogó al niño o niña y extrajo confesiones sin la presencia del abogado o abogada. En algunos casos, los menores también mencionaron haber sufrido maltrato policial, incluido el maltrato verbal y a veces violencia. En general, la falta de información, de respeto y de trato adecuado a su edad dificultan la participación efectiva de niños y niñas en los procesos.

¿Qué medidas se deben tomar para abordar estas deficiencias comunes?

En todas las áreas que examinamos específicamente, encontramos prácticas prometedoras pero también deficiencias. Quiero destacar algunas medidas que proponemos en nuestras opiniones de la FRA en este informe:

• Las autoridades deben adaptar su manera de comunicar para garantizar que los niños y niñas comprendan sus derechos y lo que debe ocurrir, teniendo en consideración el tipo de lenguaje y la madurez.
• Las autoridades deben garantizar que todos los niños y niñas cuenten con asistencia letrada efectiva durante todo el proceso penal, incluido el interrogatorio policial. Tampoco se debe subestimar el apoyo que los familiares pueden brindar durante todo el proceso.
• Todos los presuntos casos de mala conducta por parte de agentes estatales deben ser investigados en profundidad y sancionados.
• Las autoridades siempre deben realizar evaluaciones efectivas y oportunas e involucrar plenamente a los niños y niñas.
• Los jueces y juezas deben optar más por audiencias a puerta cerrada, especialmente para delitos graves.
• Los medios también deben seguir directrices éticas al informar sobre casos que involucran a niños y niñas.

Sobre la base de las respuestas de profesionales de la justicia en sus entrevistas, ¿cuál sería su nivel general de formación o especialización para tratar con niños y niñas que entran en contacto con el sistema de justicia penal?

Pudimos apreciar que la formación específica en casos penales que involucran a menores está estipulada por ley y se ofrece en la mayoría de los Estados miembros estudiados. Sin embargo, la formación es mayoritariamente voluntaria y muchos profesionales no se benefician de ella. Las sesiones a menudo se enfocan en cuestiones legales y no en la psicología infantil, el desarrollo social y la manera de comunicarse con menores, a pesar de las necesidades de capacitación evidentes. Las experiencias de niños y niñas que han sido tratados de manera irrespetuosa y violenta dejan patente la necesidad de una formación, específicamente en la etapa en que ocurre el primer contacto con las autoridades. Debemos escuchar a los muchos profesionales entrevistados que han reconocido que tratar con menores es un desafío y que desearían recibir formación al respecto.

El informe también ha revelado buenas prácticas interesantes que algunos de estos sistemas de justicia han implementado para tratar a estos niños y niñas de una manera adaptada. ¿Le gustaría destacar alguna?

Destacamos varias prácticas prometedoras en nuestro informe. Permítanme resaltar dos, una sobre la relevancia de la información a lo largo del proceso y otra sobre un tema también muy importante que aún no he abordado: usar la privación de libertad solo como último recurso y por el menor tiempo posible.

La primera es sobre información adaptada a niños y niñas durante los procedimientos. El Ministerio de Justicia de Estonia tiene una web sobre procedimientos adaptados a los niños y niñas. Incluye información y recursos para niños y niñas en contacto con el sistema de justicia y para sus progenitores. El sitio web también incluye información sobre cómo se lleva a cabo una audiencia en el tribunal y cómo comportarse durante la audiencia. La información está en un lenguaje adaptado.

Las autoridades de Estonia también crearon un documento para informar sobre sus derechos a niños y niñas, mientras incorporaban la directiva a la ley en 2019. Es una nueva declaración, separada de la declaración general de derechos a cualquier persona sospechosa o acusada. Explica los derechos procesales en un lenguaje sencillo y fácil de entender para la infancia. También describe derechos adicionales, como el derecho a recibir información sobre el progreso de los procedimientos.

La segunda práctica es la conferencia de red social (Sozialnetzkonferenz o Soneco) en Austria, una iniciativa para reducir el tiempo que los niños y niñas acusados ​​pasan en internamiento cautelar. Solo está disponible para el internamiento cautelar. El servicio de libertad vigilada Neustart ofrece y coordina este servicio.

La Soneco consiste en reuniones entre miembros esenciales de la red social de la persona menor acusada y profesionales. Esta red social incluye a sus progenitores y otras figuras relevantes de su vecindario, amistades, entorno deportivo o religioso. Por parte de profesionales, pueden participan representantes de servicios de orientación laboral, instalaciones residenciales, servicios terapéuticos y de apoyo público al bienestar juvenil, entre otros. Las reuniones tienen como objetivo desarrollar medidas alternativas al internamiento cautelar y requieren el consentimiento de la persona menor en cuestión.

Según los testimonios recogidos, Soneco es una iniciativa positiva. Las tasas de reincidencia son muy bajas cuando estos menores salen del internamiento cautelar tempranamente gracias a Soneco. Soneco es un instrumento importante para ayudar a reintegrarlos en la sociedad y prevenir la reincidencia.