Andrea fue nombrada Directora Ejecutiva de la Howard League for Penal Reform en noviembre de 2021. Antes, trabajaba como Directora de JUSTICE, y antes de eso, como Abogada de Igualdad y posteriormente Directora Jurídica de INTERIGHTS, litigando casos estratégicos ante tribunales regionales de derechos humanos. Andrea está habilitada como abogada y procuradora en Australia. Tiene un grado/máster en Derecho (Hons) de la University of Western Australia y un máster en Derecho (Dist.) de la London School of Economics. En 2022 fue nombrada Consejera de la Reina (Honoris Causa) por su gran contribución al desarrollo del Derecho en Inglaterra y Gales.

The Howard League for Penal Reform es una organización benéfica que trabaja por la reducción del crimen, comunidades más seguras y menos personas en prisión. A través del trabajo legal, la investigación y la realización de campañas, y con el apoyo de sus miembros, la Howard League descubre y promueve soluciones que llevan a una mejor justicia e impiden que las personas se conviertan en víctimas de delitos.

Durante dos décadas, el equipo legal de la organización ha ayudado a transformar la ley, la política y la práctica para niños, niñas y adultos jóvenes en el sistema de justicia penal. El equipo trabaja para brindar soluciones a casos concretos, así como cambios de política más amplios para impedir que estos problemas vuelvan a ocurrir para otras personas jóvenes.

En 2023, la Howard League ha iniciado un proyecto de tres años para investigar las disparidades raciales en la justicia juvenil en Inglaterra y Gales. ¿Podría contarnos las razones que les motivaron a lanzarlo?

Las personas de minorías racializadas están significativamente sobrerrepresentadas en prisión, y estamos comprometidos a desafiar las leyes, políticas y procedimientos que resultan en este mayor encarcelamiento, particularmente de hombres jóvenes negros.

La discriminación estructural comienza a edades tempranas: los menores negros tienen cuatro veces más probabilidades de ser arrestados y tres veces más probabilidades de ser detenidos y registrados que sus contrapartes blancos, y los del Caribe tienen hasta seis veces más probabilidades de ser excluidos de la escuela. Los niños y niñas negros representan solo el cuatro por ciento de los niños de 10 a 17 años en toda nuestra nación, pero son casi uno de cada tres niños en medidas privativas de libertad.

Queremos saber por qué sucede esto y qué se puede hacer para solucionarlo.

¿Cuáles son las principales acciones que se van a llevar a cabo en el marco de este proyecto en los próximos tres años?

El proyecto se ha iniciado con un estudio del internamiento cautelar y la joint enterprise [una persona puede ser condenada conjuntamente por el delito de otra, si el tribunal decide que previó que era probable que la otra parte cometiera ese delito], dos rutas a través de las cuales un número desproporcionado de jóvenes de minorías racializadas han sido sentenciados con medidas privativas de libertad.

Estamos hablando con actores clave en estos procesos, incluidos los servicios de justicia juvenil, magistrados, profesionales del derecho, personal de centros y equipos de las autoridades locales y, por supuesto, los niños y niñas. Estamos construyendo evidencia con la que podemos presionar a los agentes responsables de tomar decisiones para que se produzcan cambios. Tenemos la intención de publicar nuestro primer informe en breve.

Usted es miembro de la Transition to Adulthood (T2A) Alliance, que aboga por un sistema de justicia penal que adopte un enfoque distinto para las personas adultas jóvenes de 18 a 25 años, aún en proceso de desarrollo. ¿Cuáles son los últimos avances en este sentido en Inglaterra y Gales?

Desafortunadamente, es probable que una proporción cada vez mayor de niños y niñas en medidas privativas de libertad se enfrenten a la inquietante transición a un estado adulto que no satisface las necesidades de estos jóvenes. Ni el sistema de protección para menores ni el sistema de protección para adultos están diseñados para las distintas necesidades de las personas adolescentes y las adultas jóvenes, y al cumplir los 18 años, los jóvenes tienden a ver que se les retira el apoyo.

Una revisión de la evidencia, publicada en abril, mostró que los jóvenes pertenecientes a minorías raciales tenían menos probabilidades de recibir el apoyo adecuado durante la transición a la edad adulta.

En 2010, la Howard League lanzó un programa para reducir el alto número de arrestos de menores en Inglaterra y Gales, que desde entonces ha sido muy eficaz para contribuir a esta reducción. ¿Cuáles han sido los elementos clave de este éxito?

En 2010, la policía de Inglaterra y Gales realizó 245.763 arrestos de menores. En 2020, el número fue de 63.272, una reducción del 74 por ciento en una década. Este ha sido un progreso importante porque la investigación ha demostrado que cada contacto que un niño o niña tiene con el sistema de justicia penal los arrastra más profundamente dentro del mismo, lo que aumenta las posibilidades de más delitos.

En años anteriores, a las fuerzas policiales se les habían asignado objetivos que los incentivaban a realizar más arrestos, pero alejarse de este enfoque liberó recursos para abordar delitos más graves y aseguró que más niños y niñas pudieran tener un futuro mejor.

La Howard League se reunió con altos cargos policiales y les alentó a usar su discreción al responder llamadas que involucran a menores. Donde encontramos buenas prácticas, las destacamos para que las fuerzas policiales en otras partes del país pudieran aprender de ellas. Monitorizamos nuestro progreso mediante el uso de leyes de libertad de información para acceder a los datos de arrestos cada año, y publicitamos estas cifras en los medios de comunicación para llamar más la atención sobre la campaña.

En julio de este año, la Howard League se unió a más de 30 signatarios que enviaron una carta al Ministro de Justicia Juvenil dando la alarma sobre el deterioro de las condiciones de los niños en medidas de privación de libertad en Inglaterra y Gales. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones?

Estamos particularmente preocupados por la propuesta de implementar un aerosol incapacitante sintético llamado PAVA en centros de internamiento, que la carta describió como "contrario al interés superior de niños y niñas y a los principios de bienestar para su cuidado".

PAVA se ha utilizado en prisiones de personas adultas. La guía operativa de las prisiones establece: “El aerosol PAVA debe dirigirse a los ojos y puede inhabilitar y/o incapacitar a la mayoría de las personas. Una recuperación completa debe tener lugar dentro de los 40 minutos. Sin embargo, no es universalmente efectivo y algunas personas pueden sufrir poco o ningún efecto, mientras que otras pueden tener una reacción más prolongada o más severa”.

Hemos visto en la evaluación piloto de PAVA en prisiones para adultos que su uso socavó las relaciones entre el personal y las personas reclusas, y no logró reducir la violencia. Se usó desproporcionadamente contra personas jóvenes, negras y musulmanas. Aproximadamente uno de cada cuatro usos de PAVA ocurrió de manera insegura, como en espacios confinados, en altura, a quemarropa o al objetivo equivocado.

Incluso después de haber llevado esto a juicio y de que se prometieran medidas para monitorear y examinar cómo se utiliza PAVA, las inspecciones realizadas por el organismo oficial de vigilancia de las prisiones han encontrado que no se ha empleado correctamente, con falta de imágenes de cámara corporal durante su uso y sin correlación con una disminución de la violencia.

En términos más generales, nos preocupa la escasez de personal, el uso excesivo de la segregación y el aislamiento, y la erosión de los centros propios para niños y niñas, centrados en ellos y en su bienestar.

¿Cuáles fueron las propuestas de los signatarios para las acciones a tomar con respecto a estas preocupaciones?

PAVA no debe implementarse; hay métodos existentes para gestionar el comportamiento. En términos de la distinción de centros para niñas y niños, el objetivo debe ser tener un enfoque personalizado, individual y guiado por su interés superior, respecto a la ubicación y las transiciones.

Una acción clave a tomar sería mejorar el régimen. Si los niños y niñas y los adultos jóvenes estuvieran más tiempo fuera de las celdas, con una oferta mayor de oportunidades y actividades con propósitos definidos, implicándoles en su educación, aprendiendo a convivir con los demás y estando ocupados y distraídos, entonces su comportamiento sería más gestionable, no menos. Hemos visto en los informes de inspección (comparar Cookham Wood con Parc) que un régimen con un propósito marca la diferencia.

Durante los próximos cinco años, ¿qué avances le gustaría ver a la Howard League en el sistema de justicia juvenil de Inglaterra y Gales?

¡La lista es larga! En última instancia, nos gustaría ver menos niños y niñas en medidas privativas de libertad y que la custodia de jóvenes difiera mucho de las lamentables condiciones que vemos actualmente en Inglaterra y Gales. Sin embargo, cumplir esta ambición puede tardar más de cinco años. Mientras tanto, hay acciones que nos gustaría que se lleven a cabo con carácter de urgencia.

Nos gustaría ver una reducción en el número de niños y niñas en internamiento cautelar.

Nos gustaría ver un régimen mejorado, incluido el compromiso de proporcionar el mínimo legal de 15 horas (y la recomendación de 30 horas) de educación y apoyo adaptado a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales.

Nos gustaría ver una reducción en el uso de la fuerza, incluyendo el fin del uso de técnicas de inmovilización que inducen dolor en los niños y niñas, y la prohibición del uso de la fuerza para el cumplimiento de normas en las instituciones para jóvenes en conflicto con la ley (young offenders intitutions, lo que las igualaría a este respecto con los centros de formación en régimen cerrado para jóvenes en conflicto con la ley o secure training centres, en línea con las recomendaciones del Comité Conjunto de Derechos Humanos).

Además, necesitamos ver acciones que aborden la desproporcionalidad racial de menores en medidas privativas de libertad.