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Jueves, 22 de Octubre de 2020

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MHYO

Proyecto MHYO, Volumen I

Recursos de Salud mental y Jóvenes infractores:
el estado de arte, retos y buenas prácticas

‘Recursos de Salud mental y Jóvenes infractores: el estado de arte, retos y buenas prácticas’ es un documento único que contiene el análisis sobre el actual status de salud mental de jóvenes infractores, llevado a cabo en ocho países europeos (Bélgica, Francia, Italia, los Países Bajos, Polonia, Portugal, España y Reino Unido). Además, este Volumen incluye contribuciones de Brasil y del continente africano, las cuales cuentan con elementos comparativos para comprender mejor la situación de los jóvenes infractores con trastornos mentales.

Cada informe nacional aporta elementos para comprender mejor la difícil situación en la que se encuentran los jóvenes infractores con serios trastornos de salud mental. Cada país sigue los mismos procedimientos: describir el perfil y los antecedentes de los jóvenes infractores, las regulaciones penales y de protección del menor (incluyendo los principios de acceso a los servicios proporcionados), el papel de los profesionales y el desarrollo de sus competencias, diferentes enfoques de intervención (lo que funciona y lo que no), y las recomendaciones y propuestas concretas para el desarrollo de buenas prácticas.

Bélgica

Los autores del informe belga destacan y examinan el material publicado relacionado con la delincuencia juvenil y los trastornos psiquiátricos en Bélgica y ofrecen un análisis de los sistemas terapéuticos y de justicia para los jóvenes infractores. Describen además, un modelo innovador que se ha desarrollado desde 2003, a través del cuál se crearon centros de psiquiatría forense para adolescentes delincuentes, y la última creación de un sistema de asistencia interrelacionado (salud, educación y minusvalías) a nivel institucional basada en una fuerte voluntad por fomentar la coordinación. Los autores informan que Bélgica está a la vanguardia en investigaciones sobre problemas psiquiátricos en esta subdivisión de la sociedad, debido a sus programas de asistencia específica y educación, y siendo desarrollados de manera colaboradora entre las autoridades de justicia, juvenil y de la salud.

Francia

Los autores del informe francés comienzan su estudio definiendo las diferentes etapas del desarrollo mental de los adolescentes en conflicto con la ley, el impacto de la transición entre la niñez y la edad adulta y el proceso de desarrollo de la evolución psicológica, gracias a los programas específicos para jóvenes infractores con trastornos en salud mental. Además, desde una perspectiva más política, ofrecen un claro análisis de las influencias ideológicas de los diferentes enfoques institucionales, sobre todo divididos entre los sistemas de justicia y de la salud. El informe también describe distintos programas y procedimientos para identificar posibles patrones respecto a las prácticas en la justicia juvenil en jóvenes que sufren trastornos de la salud mental. También, es ofrecida una descripción detallada sobre varios centros de asistencia para niños y adolescentes.

Italia

Los autores del informe italiano inician su análisis dando importancia a estadísticas sobre trastornos mentales específicos entre la población de jóvenes infractores italianos, basado en el trabajo conjunto entre el Departamento de Justicia Juvenil Italiana y el Instituto Don Calabria, debido a que no existen estudios empíricos nacionales disponibles. Los resultados indican una gran prevalencia de varios trastornos mentales incluidos los trastornos emocionales, de ansiedad, disruptivos y abuso de sustancias. Los datos muestran también el aumento del consumo de drogas entre los jóvenes que están en contacto con los sistemas de justicia italiana y que el 50% de los jóvenes en el sistema de justicia juvenil no poseen la nacionalidad italiana.

El marco legal en justicia juvenil se describe sustentar por principios de simplificación en el proceso para garantizar el mínimo trastorno en el desarrollo educacional de los jóvenes. Los jóvenes que están detenidos pueden someterse a programas educativos a medida en donde se les ayuda a un gran numero de las dimensiones de sus vidas, incluida una intervención psicológica. La disposición de los servicios de salud mental en jóvenes en el sistema penal de justicia es responsabilidad desde 2008 del Departamento nacional para la Salud. Mientras no se evalúe a todos los jóvenes infractores por un médico profesional generalista el cuál pueda buscar otros síntomas que el resto de especialistas, no existirá un sistema de revisión general o de recursos para establecer el status sobre la salud mental. Otros defectos son la falta de prácticas especializadas para los profesionales de los sistemas de justicia juvenil y de salud mental.

El informe termina con las recomendaciones para el desarrollo de buenas prácticas a través de una serie de entrevistas con los principales interesados en el sistema de justicia juvenil italiano y en el de salud mental; los cuáles, hacen una serie de recomendaciones principales teniendo en cuenta la disponibilidad de los servicios adecuados para los jóvenes involucrados en delitos, con trastornos mentales y la necesidad de enfoques estructurados para evaluarlos.

Países Bajos

El autor del informe Neerlandés comienza proporcionando los porcentajes de jóvenes infractores con trastornos mentales entre la población neerlandesa. A partir de esto datos se deduce claramente que: la proporción de jóvenes infractores con trastornos mentales es 6 o 7 veces mayor que entre los no infractores, que algunos tipos de esos problemas mentales son particularmente frecuentes, como los trastornos afectivos, los relacionados con abuso de sustancias y trastornos personales; que los trastornos intelectuales son también muy comunes, que la vida familiar de los jóvenes infractores se caracteriza por sufrir adversidades y desventajas. El autor también resalta que muchos de los jóvenes experimentan simultáneamente más de un trastorno mental.

El informe describe el sistema común de asistencia juvenil para niños y familia centrado y caracterizado por un fácil acceso, una integración de los servicios y que está suficientemente estructurado como para conocer las necesidades de los usuarios. El sistema está orientado en ayudar a los jóvenes a cambiar su comportamiento delictivo y en no reincidir, en vez de sancionar a los jóvenes, ofreciéndoles unas respuestas continuas a partir de un periodo de derivación a los servicios propios de apoyo para jóvenes, una desviación de los sistemas de justicia juvenil para organizar actividades restaurativas como alternativas a las sanciones, como es el servicio comunitario al a las medidas de privación de la libertad. El informe también ofrece una idea general sobre la práctica y la experiencia de varios profesionales que están en contacto con los jóvenes y ofrece una idea global sobre la formación que mejoraría sus prácticas. También identifica las limitaciones para llevar a cabo la colaboración entre profesionales.

El autor da algunos ejemplos sobre las mejores prácticas y describe impresionantes programas a gran escala diseñados para evaluar y abordar los comportamientos problemáticos de menores que podrían ser vulnerables al desarrollo de un futuro comportamiento delictivo. En relación con una intervención, se hace especial hincapié en los resultados de los programas y se describen varios ejemplos y muy efectivos llevados a cabo en los Países Bajos en los ámbitos de formación familiar, la promoción de un comportamiento positivo en el niño, y en terapia familiar funcional. El informe concluye con una serie de recomendaciones teniendo en cuenta la necesidad de un mayor número de profesionales con formación especializada en los sistemas de justicia juvenil y de salud, así como de una futura integración de ambos sistemas.

Polonia

El autor del informe polaco empieza señalando que no existen estudios de investigación oficiales, y como consecuencia, la descripción que se detalla sobre el status mental de los jóvenes relacionados con la delincuencia juvenil está basada en entrevistas a los profesionales que trabajan en este campo y en informes por parte de los centros de detención. Los datos completos indican que el 93% de los jóvenes detenidos en Polonia experimentan algún tipo de trastorno mental, que los trastornos relacionados con el razonamiento es 4 o 5 veces superior que en la población en general y que los jóvenes privados de libertad experimentan disfunciones familiares significativas. Particularmente, el autor identifica la vulnerabilidad del desarrollo a través de la violencia entre aquellos menores que proceden de centros de reclusión abarrotados y con pocos recursos.

En Polonia, son denominados adolescentes, aquellos jóvenes que comprenden edades entre los 13 y los 18 años en relación con acciones delictivas, y a los mayores de 21 para medidas educativas y correccionales. Los juzgados de familia pueden ordenar una serie de medidas entre las que se encuentran la participación obligatoria en clases reparadoras o educativas, la cita con un supervisor profesional, la colocación ya sea en una familia de acogida o bien en un centro de detención, siendo ésta la respuesta penal más severa. Además, describe un servicio centralizado con algunas organizaciones regionales disponible para ayudar a los jóvenes en el sistema judicial y que necesiten una valoración e intervención sobre su salud mental.

El informe termina con un número de recomendaciones entre las que se incluyen la necesidad de mejorar las disposiciones para regular la asistencia en materia de salud mental de los jóvenes en aquellas regiones del país que frecuentemente no cuentan con tales servicios, la necesidad de un mayor número de profesionales cualificados que trabajen en el área de salud mental juvenil y en la formación especializada de dichos profesionales, y una mayor inclusión de la familia en la mediación y en el desarrollo de programas preventivos.

Portugal

El autor del informe portugués indica que no existen datos fiables en cuanto al alcance de los trastornos mentales en niños y adolescentes en general o de la población delictiva. Sin embargo, un estudio llevado a cabo en 2008 por la Dirección General para la Reinserción Social en este país señala que el 54% de los jóvenes que están en centros de detención tienen serios diagnósticos para uno o más trastornos psiquiátricos según el sistema de clasificación del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM, siglas en inglés) o del International Classification of Disease (ICD). El sistema de detención juvenil portugués se describe según las necesidades mentales de los jóvenes como el acceso a sanidad privada o al sistema público sanitario. En Portugal se considera de obligado cumplimiento la asistencia a todos los jóvenes para los cuales la estancia en centros educativos está siendo revisada antes de imponer la medida en cuestión.

La edad de responsabilidad penal es de 16 años, y para aquellos con edades comprendidas entre los 12 y los 16 que cometan un delito estarán sujetos a una intervención educativa que puede variar desde recibir un aviso en forma verbal, a trabajos comunitarios, a una supervisión y hasta la detención en un centro educativo. No obstante, el mismo autor informa que por el momento no existen centros residenciales específicos diseñados para conocer las necesidades en materia de salud mental en los jóvenes infractores con trastornos personales o serias adicciones. El informe también señala la falta de coordinación entre el personal y los organismos, y la carencia de una formación específica para los profesionales que trabajan con jóvenes infractores con trastornos mentales.

El informe portugués concluye con un gran número de recomendaciones. Entre ellas destacan: la necesidad de una formación específica para los profesionales, un estudio nacional para establecer la extensión de los trastornos mentales en relación con jóvenes infractores que tienen comportamientos delictivos, la necesidad de anticipación y de generalización a través programas preventivos, y por último, la necesidad de una mayor cooperación entre los profesionales y entre las entidades.

España

Los autores del informe español también comienzan expresando que no existe ningún estudio científico a nivel nacional sobre los índices de trastornos mentales en jóvenes con conductas delictivas. Por ello, el informe ofrece datos del Centro de Intervención Terapéutico para jóvenes (Pi Margall) que indica que los jóvenes detenidos en España experimentan, más frecuentemente, trastornos mentales en relación con trastornos de negativismo desafiante, abuso de sustancias, problemas asociados con un ambiente familiar violento, de abandono o de abuso sexual. Los tribunales de menores tienen el criterio de apaliar los efectos en los trastornos mentales teniendo en cuenta y de forma directa a los apropiados servicios de menores. Sin embargo, los autores destacan la falta de un sistema normalizado o de un protocolo empleado para atender las necesidades mentales de los jóvenes infractores. Sin embargo, el equipo médico de los centros de detención puede tener acceso a los diagnósticos previos de los jóvenes infractores que se realizaron en contactos previos con los servicios de salud mental.

Las necesidades en salud mental de jóvenes infractores son responsabilidad del sistema nacional sanitario, pero no está especializado en la psiquiatría de niños y adolescentes y de ahí que no haya formación especializada para los profesionales, ya que solo cuentan con centros especiales que ofrecen a los niños y a sus familias servicios generales para la salud mental. Según el informe, la disposición de servicios de alojamiento y comunitarios está muy limitada. Teniendo en cuenta los programas de intervención adecuados se construyen unos modelos de comportamiento y cognitivos en lugar de los enfoques en forma de castigo. El enfoque del centro Pi Margall se describe como un ejemplo de las buenas prácticas en España porque combina la terapia individual con la familiar y el trabajo en grupo.

El equipo español realiza una serie de recomendaciones entre las que se incluyen la necesidad de realizar un diagnóstico precoz a los jóvenes en riesgo para que participen en los programas preventivos de intervención adecuada; y la necesidad de desarrollar la especialidad en psiquiatría de niños y adolescentes ligada a su vez con la formación pertinente de los profesionales. Además, recomiendan una investigación para entender mejor las necesidades en salud mental a nivel general de “los infractores” entre los jóvenes españoles. Por último, resaltan también la necesidad de unos planes de coordinación y de acción entre los Ministerios gubernamentales de Bienestar Social, Educación, Sanidad y de Justicia, de forma conjunta con las distintas instituciones tanto públicas como privadas que están implicados en las necesidades de salud mental de los jóvenes que comenten delitos.

Reino Unido

Los autores del informe empiezan trazando un número de estudios a nivel nacional en los que claramente se ilustra que los jóvenes que tienen un serio comportamiento delictivo tienen trastornos mentales significativos, y ofrecen datos el 43% de los jóvenes infractores con sanciones comunitarias tienen trastornos mentales diagnosticados frente a un 10% de los niños entre 5 y 16 años de la población en general. Los trastornos más comunes son las dificultades en el aprendizaje y la experiencia de abuso y de abandono. Los autores reconocen que el comportamiento delictivo de dichos jóvenes no solo necesita una simple respuesta judicial sino también una respuesta clara y evidente basada en sus necesidades mentales.

El informe del Reino Unido describe ejemplos de las buenas prácticas, en particular el beneficio potencial de un sistema “a mano” de los Servicios de Salud Mental para Niños y Adolescentes (CAMHS, en inglés). En dicho sistema los jóvenes en instituciones penitenciarias reciben ayuda y son asistidos por los equipos locales del CAMHS como parte de su custodia. Sin embargo, la disposición de este sistema depende de las fuentes disponibles para jóvenes con trastornos mentales en cada lugar. Describen además algunas de las estrategias de intervención efectivas empleadas para jóvenes con trastornos mentales y con comportamientos delictivos, como son la terapia multisistémica, la terapia de comportamiento cognitiva y los programas parentales. Los autores dan cierto énfasis a las intervenciones bien fundamentadas por los principios de la Teoría del Apego.

Los autores identifican varios defectos en el sistema y resaltan la necesidad de continuar con la atención a los jóvenes que están en transición hacia el regreso a sus comunidades después de un período de detención, y la necesidad por parte de los profesionales de recibir formación adecuada y cualificada en salud mental para así ayudar apropiadamente e intermediar para conocer las necesidades de los jóvenes detenidos. A modo de conclusión, los autores dan una serie de buenas prácticas relacionadas con la justicia penal con los servicios de salud mental que existen en el Reino Unido y que se hacen notar a través de los organismos y el personal local. Pero que para ello necesitan una base estructurada a nivel nacional para asegurar que llegue a todos los jóvenes que necesiten de sus servicios.

África

El autor del informe empieza analizando el predominio de trastornos o problemas mentales en el continente. El informe apunta que los niños con trastornos mentales o dificultades en el aprendizaje entran en conflicto frecuentemente con la ley por razones ligadas directamente a sus problemas o no. En consecuencia, el análisis se describe en una realidad contextualizada y dentro del marco legal de justicia para jóvenes infractores con trastornos mentales en África. Además, el autor del informe constata que es un tema muy amplio y variado y que en un resumido informe es difícil desarrollar en detalle las distintas circunstancias nacionales y la legislación de los países africanos. Sin embargo, el autor da una amplia perspectiva sobre este tema y una visión general de los enfoques legales respecto a los Derechos del menor con problemas o trastornos de salud mental en el contexto africano.

Brasil

El autor del informe brasileño indica que la reciente y relativa democratización de su país ha llevado el reconocimiento de que los niños y los adolescentes son ciudadanos con plenos e iguales en derechos. Esto les ha llevado a un importante cambio de orientación hacia un reconocimiento de los derechos de los jóvenes en conflicto con ley como ciudadanos en lugar de promover la exclusión y el castigo anteriormente impuestos. Así, el Estatuto Brasileño de la Niñez y la Adolescencia realiza disposiciones especiales para jóvenes que tienen un comportamiento delictivo y los que tienen problemas de salud mental, estipulando que en estos casos necesitan asistencia y centros de salud mental en entornos apropiados.

La disposición de estos servicios es responsabilidad del servicio sanitario nacional y por ello se estableció un organismo nacional “Sistema Nacional de Asistencia Socio-Educativo” (SINASE) para supervisar los parámetros de atención según las necesidades de salud mental de los jóvenes detenidos. Simultáneamente, Brasil sufrió una revisión de su sistema de salud mental dejando a un lado un enfoque institucionalizado y adoptando otro más centrado en la asistencia en la comunidad. Sin embargo, el autor describe la experiencia del sistema de justicia juvenil como un lugar donde el abuso y la tortura siguen estando presentes y como las acciones de las instituciones gubernamentales continúan estando exclusivamente centradas en el castigo y la detención de los jóvenes infractores.

El autor indica que en Brasil no existe un perfil sobre las necesidades de salud mental de los jóvenes en conflicto con la ley. Teniendo en cuenta las disposiciones de salud mental para los jóvenes infractores, un sondeo en 2008 sobre las prácticas de 272 centros de detención indicaba elevados niveles tanto del uso de medicamentos psiquiátricos como del empleo de la medida de aislamiento y una falta de cooperación entre los centros de detención y los servicios públicos de asistencia. El autor también considera detenidamente que el concepto de peligrosidad unido con el de psicopatología pueden llevar a un uso incorrecto que reduciría el desarrollo de los adolescentes. El autor concluye describiendo dos proyectos piloto los cuales dan una visión positiva sobre la gestión de las necesidades de salud mental de los jóvenes que tienen un comportamiento en conflicto con la ley mientras se respecta al mismo tiempo sus derechos individuales como ciudadanos.

Conclusión

En este volumen, se pueden esbozar algunas conclusiones generales descritas detalladamente por parte de los países. Los datos disponibles indican que se encuentran pruebas en todos y cada uno de los países, ya sea en forma de informes o examinando las cifras de los centros de detención demostrando que los términos de jóvenes infractores y problemas de salud mental van de la mano. Además, el nivel de implicación de un joven en el sistema de justicia penal guarda correlación en mayor proporción con sus trastornos mentales. Esta elevada proporción con los trastornos mentales se encuentra en jóvenes infractores con sanciones comunitarias si se compara con los jóvenes no infractores en general, y aumenta de nuevo las cifras entre los jóvenes en estado de detención.

También concuerdan los tipos identificados de trastornos mentales. Los jóvenes infractores presentan frecuentemente problemas de comportamiento internos y externos, tales como trastornos de conducta y del estado de ánimo (depresión, ansiedad). El alcohol y/o la adicción a las drogas así como la idea del suicidio también se presentan en elevados porcentajes. Otras formas de comportamientos problemáticos están relacionados con el status de salud mental asociado en segundo plano a desventajas personales traumáticas y sociales que pueden generar en comportamiento sexuales peligrosos, agresiones y violencia. Además, también son comunes las especiales dificultades en el aprendizaje y a nivel de razonamiento. Sin duda, existe problemas de salud mental complejos relacionados con los psicosociales, los cuales se agravan al experimentar la detención.

Los países universalmente reconocidos reconocen que los jóvenes en conflicto con la ley necesitan una respuesta por parte del sistema de justicia penal que no sea sencillamente punitiva sino que también se esfuerce por restaurar el bienestar en la sociedad repercutiendo en su desarrollo. Las necesidades en salud mental de los jóvenes se ven mejor desde los servicios generales de salud nacionales que desde los especializados de los centros de detención. Aunque el general engloba al resto, en la mayoría de los países la realidad muestra la limitada capacidad existente para el desarrollo de una buena calidad por parte de los servicios de salud mental para los jóvenes en conflicto con la ley. Esto es debido en parte a la falta de integración entre la justicia juvenil, los servicios de salud y los educativos. En el apartado de cada informe nacional se indica claramente la formación al equipo como un ingrediente clave en el éxito de integración de estos organismos gubernamentales. Se identifica la necesidad de la formación del equipo existente, particularmente una formación que ayude a los profesionales del ámbito legal a entender los problemas en la salud mental, y a los profesionales de la salud a entender el sistema legal propio de cada nación respectivamente.

Es recomendable realizar una práctica revisión médica sobre el status de salud mental de todos los jóvenes que están en contacto con el sistema de justicia juvenil, y en particular con los que están detenidos. Mientras que esto no empiece a realizarse de forma estándar en varios países, no tendremos datos concluyentes que nos muestren cuando los jóvenes experimentan trastornos en su salud mental a través de un reconocimiento adecuado, una evaluación, una formulación y la pertinente intervención. Existen herramientas clínicas estructuradas disponibles para examinar y evidenciar las medidas para intervenir en la carrera delictiva de los jóvenes, caracterizadas por enfoques multisistémicos que incluyen el trabajo familiar, la formación parental y los tratamientos individualizados diseñados para fijar de distintas maneras los problemas de comportamiento. Del informe también se deduce claramente que muchos jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley pueden ser ayudados antes de que se involucren penalmente. Es por ello, que el efectivo trabajo preventivo en los hogares, escuelas y comunidades puede ser muy valioso para ayudar a su desarrollo.

El Volumen I también nos recuerda que la ley internacional y las normas necesitan de los países para tratar de forma efectiva y eficiente a los jóvenes en el sistema de justicia penal y para asegurar que su status en salud mental se identifique y, cuando sea oportuno, reciban la correspondiente ayuda. Para poder alcanzar estos objetivos, necesitamos dar una madurez a los derechos humanos como base fundamental del desarrollo de un joven vulnerable a una vida delictiva, guiando a dicho individuo por un camino evolutivo que lo aleje de la delincuencia y lo lleve hacia una ciudadanía responsable y libre de todo delito. Parece que para lograr este objetivo necesitamos encontrar un mecanismo donde aspectos como los sistemas jurídicos, educativos y de salud se combinen y trabajen conjuntamente y de forma efectiva por el bien de todos los ciudadanos. En la mayoría de los países esto sería algo que no suele ocurrir, solo ocurren en algunos países con anterioridad y de forma aislada. Sin embargo, esta situación es posible y será beneficioso para todos.

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